La democracia no consiste únicamente en elegir personas, sino también proyectos políticos. Por ello, para madurar una elección razonable es indispensable configurar nuestro juicio como votantes a partir del conocimiento de las propuestas y los argumentos que los candidatos han ido presentando a lo largo de este proceso electoral.

Por ello, votar con criterio implica, necesariamente, votar informados.

Sin embargo, la abundancia de información propia de una campaña electoral puede dificultar la identificación de aquello que resulta verdaderamente relevante para la decisión ciudadana. Más aún, si hemos postergado esta tarea durante gran parte del proceso.

En ese sentido, una referencia objetiva para tomar una decisión informada es la revisión de los planes de gobierno de los candidatos. Este documento, elaborado y presentado por las organizaciones políticas, propone —sobre la base de un diagnóstico y una visión de desarrollo— objetivos, lineamientos, acciones, estrategias y metas para el ámbito nacional.

El plan de gobierno constituye la promesa pública que una organización política formula ante la ciudadanía. En él se expresa no solo la visión de país que impulsa una candidatura, sino también los compromisos concretos con los que posteriormente podrá evaluarse el desempeño de quienes resulten elegidos. Conocer este documento permite comprender cómo cada candidato interpreta los problemas nacionales y cuáles son las soluciones que propone para enfrentarlos.

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Elegir con base en un proceso de información adecuado sobre programas políticos suele denominarse voto programático. Votar según un programa supone valorar las distintas alternativas políticas a partir de sus propuestas, evaluando qué programa de gobierno ofrece mejores condiciones para promover el desarrollo del país y afrontar sus principales desafíos.

Votar programáticamente implica, además, comprometerse con una determinada visión de país. Ello configura una actitud ciudadana activa que no concluye el día de la elección, sino que se proyecta durante el ejercicio del gobierno. Quien vota programáticamente adquiere también la legitimidad para exigir una representación programática, es decir, para demandar que las autoridades elegidas procuren cumplir, dentro de los márgenes de la prudencia política y las circunstancias cambiantes de la realidad, las promesas que motivaron el respaldo ciudadano.

De esta forma, el plan de gobierno cumple una función fundamental como promesa pública y hoja de ruta. Nos permite saber, al menos preliminarmente, a qué atenernos frente a una candidatura u otra. Precisamente por razones de previsibilidad y seguridad democrática, nuestra legislación establece que, una vez presentado oficialmente, este documento no puede ser modificado.

Este punto resulta especialmente relevante en nuestro contexto político debido a que hace unos pocos días, una de las fuerzas políticas que sigue en carrera, ha decidido, al parecer desde la improvisación, cambiar de buenas a primeras su plan de gobierno, con la finalidad de reorientar la decisión de los indecisos, pero esto acarrea graves consecuencias.

Cuando una fuerza política modifica sustancialmente sus compromisos de campaña, erosiona el vínculo de confianza y debilita la capacidad de los electores para exigir el cumplimiento de lo prometido

Cuando una fuerza política modifica sustancialmente los compromisos con los que solicitó el voto ciudadano, se debilita la capacidad de los electores para evaluar propuestas y exigir después el cumplimiento de aquello que justificó su elección. Se erosiona, en definitiva, el vínculo de confianza que debe existir entre representantes y representados.

Basar nuestra decisión electoral en propuestas políticas previsibles y públicamente conocidas permite que los ciudadanos actuemos con mayor responsabilidad y conciencia. Supone tomarnos en serio la democracia, fortalecer la rendición de cuentas y promover una cultura política sustentada en la planificación y el compromiso, en lugar de la improvisación y el oportunismo. Porque una ciudadanía que vota a partir de programas de gobierno no solo elige mejor, sino que también contribuye a construir una democracia más sólida y exigente.

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Lo que nació como una herramienta para ordenar la minería artesanal y de pequeña escala terminó convirtiéndose en un laberinto burocrático que no formaliza, no controla ni protege.

La Ley de Minería Artesanal y de Pequeña Minería (Ley MAPE) se presenta como la gran esperanza para revertir esta situación. Sin embargo, lejos de ser una solución estructural, corre el riesgo de convertirse en otra promesa inconclusa. Hasta ahora, ninguna propuesta ha logrado articular los intereses de todos los actores involucrados ni garantizar sostenibilidad ambiental, estabilidad social o desarrollo nacional. Al contrario, el proceso de formalización parece haber mutado en un mecanismo que protege actividades informales, cuyos límites se confunden frecuentemente con la ilegalidad.

Esta distorsión no solo perjudica al Estado: está fragmentando al propio sector. Se ha instalado una clara división entre los mineros en vías de formalización (MAPE) y los titulares de la gran y mediana minería, quienes deben cumplir exigencias legales estrictas para operar. Los discursos de ambos grupos exponen una brecha creciente, con el riesgo real de una fractura interna: mineros formales enfrentados a mineros informales, cada uno defendiendo sus derechos, sus espacios y manifestando sus temores.

Expertos como Carlos Gallardo, del Instituto Peruano de Economía, advierten que experiencias similares en Latinoamérica han fracasado precisamente por la ausencia de políticas integrales. El Perú no es la excepción: las constantes prórrogas del proceso, sumadas a la reciente exclusión de más de 50 000 registros del Reinfo, anunciada por el Ministerio de Energía y Minas, evidencian la urgencia de repensar todo el modelo.

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Pese a este panorama, existen esfuerzos dignos de mención. La Mesa Técnica de Formalización Minera —grupo multisectorial creado por el Estado— logró, recientemente, unanimidad en 11 puntos clave que incluyen trazabilidad en tiempo real, incentivos fiscales, creación de áreas especiales para minería artesanal, control de insumos tóxicos, interoperabilidad de datos y mayor fiscalización. Elementos que podrían convertirse en la base de una nueva Ley MAPE moderna y operativa, capaz de orientar las próximas décadas del sector.

Cabe señalar, sin embargo, que este consenso alcanzado no garantiza necesariamente su implementación. La gran pregunta sigue abierta: ¿lograrán estas propuestas traducirse en una ley efectiva, o quedarán atrapadas en el mismo ciclo de promesas que ha marcado los últimos veinte años? Víctor Gobitz, expresidente de la SNMPE, recuerda un dato alarmante: tras la ampliación del Reinfo, solo el 4 % de los 50 000 mineros excluidos solicitó reingresar. ¿Desinterés ¿Desconfianza? ¿Fatiga ante un proceso que nunca llega a puerto? Sea cual sea la respuesta, evidencia que la formalización no cumple con su propósito de beneficiar a quienes debería.

Por ello, la Ley MAPE, incluso siendo la única salida integral disponible, no bastará si no se acompaña de una verdadera fiscalización, contratos sólidos con concesionarios formales y apoyo técnico efectivo. Una ley que no toque el corazón del problema, que no atienda al 96 % de los 50 000 mineros excluidos del proceso en 2025, será solo otra señal de que seguimos abordando la informalidad con discursos y no con compromisos reales. Peor aún, la creciente penetración de la minería ilegal en ámbitos que deberían estar en vías de formalización, incluyendo áreas donde opera la minería formal, hace sonar las alarmas a nivel nacional.

Si el Estado continúa atrapado en mesas de diálogo sin tomar decisiones vinculantes, la crisis se agravará. Las tensiones entre gremios de la MAPE, como Confemin, ya afectan la sostenibilidad política del proceso y ponen en riesgo cualquier propuesta seria para enfrentar la informalidad. Lo que está en juego no es solo el ordenamiento del sector minero, sino la estabilidad social y ambiental del país.

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Al cierre de agosto 2025, el Instituto Nacional de Estadística e Informática publicó su informe Perú: Percepción Ciudadana sobre Gobernabilidad, Democracia y Confianza en las Instituciones, correspondiente al periodo enero–julio de 2025. Entre los datos más reveladores se encuentra uno que parece repetirse año tras año: el 56.2 % de la población considera que la corrupción es hoy la mayor preocupación ciudadana. El fenómeno se expresa en diversas prácticas –sobornos, coimas o tráfico de influencias– que erosionan la confianza y deterioran el tejido institucional.

Esta tendencia no es nueva. Ya en 2019, el Barómetro de las Américas señalaba que el Perú era “el país más preocupado por la corrupción”. Sin embargo, esta reiteración invita a una reflexión más profunda: ¿la corrupción es únicamente un problema de índole política o se trata de un mal que ha calado en nuestro entramado social, alimentado por la propia indiferencia ciudadana?

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La pregunta no es menor. La gobernabilidad no depende solo del desempeño formal de la autoridad, sino de todas las condiciones sociales, cívicas y comunitarias que permiten ejercerla eficazmente. Por ello, sin una participación social equilibrada, informada y activa, cualquier esfuerzo institucional queda inevitablemente debilitado.

Este punto permite comprender que la gobernabilidad se teje a partir de la cooperación entre la autoridad, el ordenamiento jurídico y la comunidad política. Esta última no es un elemento pasivo, somos socios activos y corresponsables del bien común.

Pero ¿qué fundamenta esa corresponsabilidad? La tradición clásica ha respondido mediante la noción de sociabilidad: el bien humano es esencialmente un bien común, no solo porque necesitamos a otros instrumentalmente, sino porque el vivir bien solo es posible en comunión. El florecimiento de cada persona se construye en el reconocimiento y promoción del bien del otro. Así, “mi bien es que tú realices tu bien” y, al mismo tiempo, “tu bien es que yo realice el mío”.

Esta visión de bien común solo puede ser alcanzado deliberando con nuestros conciudadanos sobre los fines compartidos. Ello exige espacios públicos de encuentro, donde ciudadanos diversos aprendan a comprender sus diferencias. En este marco, no existe comunidad humana más compleja y decisiva que la ciudad, entendida como la comunidad amplia que integra a los múltiples grupos e individuos.

Sin un mínimo de coordinación entre individuos y grupos sociales, difícilmente podría hablarse de libertad o de una convivencia ordenada. Por ello, resulta indispensable fortalecer los lazos que distinguen a la sociedad política, pues estos garantizan ese bien común que sostiene la vida colectiva y la legitimidad de las instituciones.

En este sentido, la democracia participativa aparece como un horizonte indispensable. Su objetivo es ampliar los mecanismos que vinculan al Estado con la sociedad, acercando la toma de decisiones al ciudadano. Desde esta perspectiva, la democracia representativa se ve fortalecida por una democracia participativa, en la medida que consolida las precondiciones cívicas que hacen posible un régimen verdaderamente democrático.

Entonces, la pregunta inicial vuelve a nosotros con más fuerza: ¿estamos ante una crisis de gobernabilidad o ante una crisis de ciudadanía? Porque sin ciudadanos activos, corresponsables y orientados al bien común, ninguna estructura institucional —por más elaborada que sea— podrá sostenerse.

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Sin embargo, no todo es color de rosa. La maternidad también puede ensombrecer a las mujeres que no cuentan con una pareja responsable, una familia que las sostenga o un sistema de cuidados en su localidad que se preocupe por ellas. Y es que, ¿cómo espera la sociedad que las madres cuiden bien a sus hijos si nadie cuida primero de ellas?

Una persona machista podría opinar que las madres solo deben dedicarse a cuidar a su familia. Una feminista podría responder que una mujer no debe embarazarse hasta alcanzar todos sus planes. Pero esto no es cierto: la maternidad no es un sacrificio. Al igual que las mujeres sin hijos, las madres tienen sueños, con la única diferencia de que ahora carecen de tiempo para cumplirlos. La culpa no la tienen los hijos, sino un Estado ausente que no se hace corresponsable de la crianza de sus futuros ciudadanos.

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La Plataforma de Paternidades Perú estima que, hoy en día, los varones se comprometen más con su paternidad que las generaciones anteriores; no obstante, esto no es suficiente. Según la OIT, “las labores de cuidado no remuneradas recaen principalmente sobre las mujeres en una proporción tres veces superior a los hombres”. Esta inequidad en la crianza ocasiona una pobreza de tiempo para las madres, quienes no pueden realizar sus proyectos personales o profesionales porque dedican la mayor parte de su tiempo a administrar su hogar. En 2016, el INEI informó que el trabajo de cuidado produce 1 de cada 5 soles de la economía peruana, por lo tanto, el Estado no puede invisibilizarlo más.

En 2025, la honorable Corte IDH reconoció que las madres gozan del derecho humano al autocuidado y que el Estado debe garantizarlo. Uno de los pocos países en entenderlo fue Colombia. En 2020, Bogotá implementó una política de cuidados gratuitos denominada las Manzanas del Cuidado. Hoy son 23 manzanas que cuidan a las madres en su dimensión física, mental y espiritual para que tengan tiempo de trabajar, estudiar, recrearse, ejercitarse, ir al médico y atender otras necesidades personales.

Se espera que el Perú siga el ejemplo de Colombia. Después de todo, las madres no necesitan festejos una vez al año, sino una buena política pública que redistribuya la carga mental que afrontan en el día a día.

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